GARANTÍAS EN PELIGRO ANTE LOS JUECES DE CONTROL DE GARANTÍAS.
Por ARMANDO CAMACHO CORTÉS
En el afán de copiar a medias el Sistema Penal Oral Acusatorio, quienes redactaron el Código de Procedimiento Penal vigente hoy día, es decir la ley 906 de 2004, cometieron el error garrafal de poner en manos de los jueces del más bajo nivel los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, entre ellos la libertad, la presunción de inocencia, debido proceso, formas propias del juicio, derecho a la defensa, la propiedad privada, derechos adquiridos, igualdad ante la ley y muchos más, lo cual resultó atropellador y desastroso para todo procesado penal así sea inocente, quien va a parar a la cárcel por mandato de muchos de esos jueces, quienes son desconocedores de los postulados constitucionales, internacionales, legales, doctrinarios, jurisprudenciales y humanitarios que respaldan y respetan tales derechos fundamentales.
Los jueces constitucionales o de control de garantías, como pomposamente se llaman, son promiscuos municipales o penales municipales, cuyos titulares son muchachas o muchachos recién egresados de las universidades, muchas de ellas con facultades de derecho de “ garaje”, los cuales a cambio de una paga salarial mínima, asumen esas funciones tan delicadas, en medio de su oscuro mundo e inexperto mundo jurídico, lo cual indiscutiblemente en vez de favorecer arruinan los derechos fundamentales.
La mayor parte de los jueces de control de garantías, cumplen el papel de “populistas” carcelarios, punitivos y represivos de un régimen que quiere solucionar la conflictiva social mediante la prisión. En muchas ocasiones resulta muy difícil distinguir, si nos hallamos en un Estado de Facto, dictador o un Estado Social y Democrático de Derecho como teóricamente se llama el nuestro.
La presente reflexión, no es la proyección de un resentimiento social, sino la narración del hacinamiento carcelario y violación de los derechos humanos que existe en Colombia. Con la frente en alto, debo decir que la mayor parte de los jueces de control de garantías en Colombia, son verdugos de la libertad y digo la mayor parte, porque en el diario trajinar procesal penal se encuentran unos que otros justos, humanitarios, estudiosos y por tanto respetuosos de los derechos fundamentales, pero son contados.
La pena privativa de la libertad máxima en Colombia por cada proceso penal, está en 60 años de prisión, por ahora, mientras llega la cadena perpetua y pena de muerte, y digo por cada proceso, porque si el acusado tiene más procesos pendientes, ese monto de condena puede aumentar hasta de por vida.
Lo expuesto hasta aquí, solamente por hablar de un derecho fundamental de primer orden como lo es la libertad, porque desde el comienzo del proceso penal, es decir desde la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento la libertad queda en manos de los jueces con función de control de garantías de las condiciones y características ya referidas y así con los demás derechos también fundamentales. Es frecuente encontrar jueces de garantías, insolentes, irrespetuosos, gritones, regañones, inpreparados, inhumanos y completamente alejados de la realidad social, son los que aplican el viejo apotema de que “la ley dice, yo cumplo”, “la ley ordena yo obedezco”, pegados siempre de la literalidad de la norma, sin llegar a profundizar en el verdadero significado de las normas constitucionales y legales, actúan alejados de la realidad social como verdadera fuente del derecho.
Si a todo lo anterior le sumamos las mismas condiciones a una gran mayoría de defensores, quienes también lucen sin preparación jurídica y anti técnicos, el caos es mayor y por tanto los derechos fundamentales de los procesados penales quedan en ruinas. De ahí el hacinamiento carcelario y violación de los derechos humanos de muchos privados de la libertad.
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